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¿Han estado otros países sumidos en una situación similar a la de Venezuela?

Desde enero de 2019, Venezuela se encuentra sumergida en un escenario que, sin duda, ha generado confusión en la población venezolana. La aparición de Juan Guaidó como nuevo líder de la oposición y proclamado como presidente encargado de la República, reconocido por más de 50 países, generó una revuelta en la vida diaria de los ciudadanos. Su salto a la palestra pública no solo llegó con una dosis de optimismo, sino también con una nueva realidad de la que, quizás antes, no nos percatábamos: Un país con duplicidad de los poderes.

El año 2017 fue el detonante de esta problemática –porque muchos así la califican-, que viene radicalizándose desde 1998, ante diferentes posturas políticas, que se han afianzado o debilitado, en el territorio nacional; generando así, una clara división entre los venezolanos. Se trata de la oposición y el chavismo.

La Asamblea Nacional (AN), a tres meses de su elección en 2016, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó dos sentencias en contra del órgano legislativo.

La sentencia 155 informó sobre el retiro de la inmunidad parlamentaria de los diputados, recién juramentados. Asimismo, insta al presidente, que en su momento era Henry Ramos Allup, a “tomar las medidas necesarias para evitar un estado de conmoción”.

Por su parte, la sentencia 156 decreta que ante la “situación de desacato” del Congreso, el Supremo sería el encargado de cumplir con sus funciones, trasladando así los poderes del Parlamento al TSJ.

Esta decisión fue, casi, mortal para el gobierno de Nicolás Maduro, pues se desataron tres meses de protestas que exigían que cesaran los ataques en contra de la AN; y, además, pedían la denuncia de los magistrados que emitieron tales sentencias.

Motivado a esto, Nicolás Maduro convocó la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con la idea de modificar la actual Constitución de Venezuela.

Durante una entrevista, en exclusiva para el desarrollo de este reportaje, Thays Peñalver, abogada y columnista venezolana, destacó que con esta acción, Maduro violó más de 60 artículos de la Constitución; y, por ende, todos los derechos políticos de los venezolanos también se vieron quebrantados.

“Es gravísimo para un país que se violen 60 artículos de la Constitución, pero no para nosotros (los venezolanos)”, cuestionó.

La convocatoria oficialista fue la representación del nacimiento de la duplicidad de poderes públicos, en Venezuela. Ya no solo había una Asamblea Nacional, pues también existía un Asamblea Nacional Constituyente -aunque la legitimidad de esta última esté cuestionada-. Lo más significativo de este hecho es que una de ellas está estructurada, en su mayoría, por opositores; y la otra, en su totalidad, por personas simpatizantes del chavismo.

La confrontación de los poderes no quedó allí. La duplicidad continúa cuando Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, se va al exilio. Su partido generó que la ANC designará a su reemplazo: Tarek William Saab.

En mayo de 2018, se llevaron a cabo unos comicios presidenciales que, según la Constitución, debían realizarse en diciembre de ese año. Sin embargo, Nicolás Maduro decidió adelantarlas, por lo que se celebraron el 20 de mayo.

Países del Grupo de Lima, días antes de esta votación, se pronunciaron pidiendo que no se desarrollaran; y, en el caso de que ocurriera lo contrario, serían consideradas como “ilegítimas” porque “carecen de credibilidad”. Así lo confirmaron el 14 de mayo de 2018, en un comunicado emitido desde México.

“(Las elecciones) han sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”, manifestaron los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, España y Estados Unidos (EE.UU).

Las elecciones presidenciales fueron realizadas. La oposición no participó, y el oficialismo ganó con 6.190.612.

Parte de la población de Venezuela calificó el acto como una “farsa”, desconociendo los resultados y valorándolos como “fraudulentos”. Lo mismo ocurrió con una fracción de la comunidad internacional, como así lo había advertido días antes.

El 5 de enero de 2019, iniciaba un nuevo período para la Asamblea Nacional, que sería encabezada por Juan Guaidó. Durante su ponencia, aseveró que le haría frente al “usurpador”. De esta forma, se estaría concretando la aparición del nuevo rival de Nicolás Maduro, y con ella el inicio de un conflicto de poderes del que, aún, no hemos salido.

Cinco días después, Nicolás Maduro acude a su investidura 2019-2025, que debía hacerse ante el Parlamento Nacional, pero se ejecutó ante el Tribunal Supremo de Justicia y sus magistrados.

¿Es este un caso insólito? ¿Es Venezuela la única Nación en la que han convivido instituciones paralelas en un mismo período de tiempo? La respuesta nos la da la historia.

El internacionalista venezolano y doctor en Ciencias Sociales, Luis Daniel Álvarez comparó el caso de Venezuela con España, tras la guerra civil entre 1936 y 1939.

 

“Esa guerra dividió, prácticamente, por la mitad a España y en cada sector había un Gobierno. En un lado mandaba un Gobierno encabezado por el Frente Popular, que era el Gobierno Republicano; y el (otro) que estaba liderado por una junta militar, que era el Gobierno Nacional. Cada Gobierno tenía sus instituciones, reglas y elementos”.

Álvarez destacó que, cuando cayó la República, muchos dirigentes huyeron del territorio y, estando en el exilio, conformaron un Gobierno.

 “Ese Gobierno no pasaba de ser simbólico. Operaba desde México, Francia e incluso la Unión Soviética. El que tenía el poder efectivo era Francisco Franco”.

Otro escenario similar fue el de Francia, desde 1940 hasta 1944, cuando ocurrió la expansión del nazismo por Europa.

“Francia tenía un Gobierno en el exilio: El gobierno de la Francia Libre; mientras que el territorio francés estaba ocupado por un mandato amparado por el nazismo, (estos) tenían el poder efectivo. Y los otros, desde afuera, reunían voluntarios”.

Moldavia es otro caso que destaca en esta categoría. De hecho, es un ejemplo más actual de cómo el conflicto de poderes, en un país, puede llevar a la estructuración de poderes públicos independientes.

El pequeño país europeo es el más pobre del continente, se ubica justo entre Ucrania y Rumanía.

Moldavia, por años, estuvo bajo el yugo de  Vladimir Plahotniuc –el hombre más adinerado del país- quien, junto al Partido Demócrata, fingía un curso pro-europeo y, al mismo tiempo, tenía negocios ilegales con Moscú.

La problemática se afianzó en 2019, tras las elecciones parlamentarias. El partido socialista prorruso, liderado por el presidente, desde 2016, Igor Dodon, anunció la conformación de un Gobierno con la coalición proeuropea ACUM. El objetivo era bloquear a Plahotniuc. Acción seguida, el Tribunal Constitucional declaró que el Congreso carecía de “potestad”, pidiendo el cese de Dodon, la disolución del poder Legislativo y nombró a Pavel Filip, quien era primer ministro, presidente interino del país.

Igor Dodon valoró la decisión del órgano judicial como un “intento del usurpación del poder” y nombró a Maia Sandu como primera ministra de la Nación.

Filip procedió a deshacer el Parlamento y convocó elecciones anticipadas, para el próximo 6 de septiembre de 2019. No obstante, el poder Legislativo continuó ejerciendo sus funciones.

Repentinamente, cesó la duplicidad de poderes en Moldavia. El 14 de junio, Pavel Filip informó que dimitiría del poder junto a los ministros de su Gobierno. El factor que influenció esta decisión aún se desconoce.

También, se debe analizar la coyuntura política que dio paso a la división de Sudán.

Por, al menos, 17 años, esta nación fue víctima de la primera Guerra Civil en su historia. La confrontación dejó sumergido al país en una serie de conflictos. Por ejemplo, los enfrentamientos entre la población cristiana y negra, que ocasionaron una segunda Guerra Civil,  desde 1983 hasta 2005.

Omar Hassan Ahad al-Bashir, militar sudanés, ante el desequilibrio político en el territorio, lideró un golpe de Estado, en 1989. Cuatro años después, se autoproclamó presidente de Sudán.

No es hasta 2005 que Sudán, como país, firma el Acuerdo General de Paz, que establecía la redacción de una nueva Constitución y otorgaba a la región sur su autonomía.

Luego de un referéndum, realizado en 2011, la región obtuvo los votos necesarios para independizarse. Pasó a llamarse República de Sudán del Sur.

En abril de 2019, tras más de 20 años de gobierno, Omar al-Bashir fue derrocado por el Ejército de Sudán, en el marco de protestas. Estas rechazaban el alto costo de la vida y exigían la renuncia del gobernante. Al- Bashir es acusado, por la Corte Penal Internacional,  como responsable de crímenes de guerra en la región de Darfur.

El consejo militar, que gobierna desde la remoción de al-Bashir del poder, el pasado 5 de julio llegó a un acuerdo con las fuerzas ciudadanas de oposición, agrupadas en la Alianza para la Libertad y el Cambio (ALC), que consiste en la creación de un Consejo Soberano. De esta forma, Sudán estará en un período de transición, por los próximos tres años, bajo una Presidencia integrada tanto por civiles, como por militares.

El pacto entre los castrenses y la oposición civil se logró luego de semanas de enorme tensión y represión que, según los manifestantes, dejaron al menos 136 muertos.

Somalia, también, es un ejemplo emblemático; no solo de la duplicidad de poderes, sino también por la representación de cómo se puede llegar a la división territorial. Esto ha dado paso a la creación de su propio concepto, apropiado por diferentes teóricos: La somalización.

El territorio de Somalia, a lo largo de los siglos XIX y XX, estuvo disputado entre británicos, franceses e italianos, quienes sentaron sus colonias en la región.

En 1960, Italia e Inglaterra unieron fuerzas y conformaron una sola nación. Por su parte, al fragmento francés le fue otorgada su independencia, originando así lo que hoy se conoce como Yibuti.

A causa de una terrible situación económica, en 1987, surge una oposición armada; tres años después, este grupo logró controlar gran parte del territorio.

Inicia la repartición del territorio

En el norte de Somalia se estableció un gobierno, liderado por Mohamed Ibrahim Egal, conocido como Somalilandia, seguido de la separación de Jubalandia. Ninguno de estos Gobiernos fue reconocido por la comunidad internacional.

Desde ese momento, en Somalia no ha existido un Gobierno central, sino el control –y posesión- de diferentes grupos en algunas zonas del territorio.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1992, intentó formar un Gobierno. Sin embargo, no lo logró y se quedó, simplemente, en un propósito fallido. Mientras tanto, Somalilandia parecía ser el más estable ante otros estados autoproclamados como Puntlandia, conformado en 1998.

A diferencia de Somalilandia, Puntlandia no se estableció como un estado independiente, sino como parte de Somalia.

A partir de la Somalia National Peace Conference (SNPC), en el año 2000 se constituyó el Gobierno Nacional de Transición de Somalia y se aprobó una Ley Nacional, que funcionaría como Constitución en un período de transición de tres años.

Seis años después, comenzó un conflicto armado entre la Alianza para la Restauración de la Paz y Contra el Terrorismo (ARPCT) y la Unión de Tribunales Islámicos. Las disputas dejaron, al menos, 350 personas fallecidas

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En 2007, Jubalandia quedó bajo la tutela del Gobierno Transicional de Somalia; por lo que solo quedaba Somalilandia y Puntlandia como estados alternos.

Según el Fondo para la Paz, Fund for Peace (FFP por sus siglas en inglés), Somalia ha ocupado, en los últimos ocho años, el primer o segundo lugar en el Índice de Fragilidad de los Estados, una categoría que estudia las problemáticas de los denominados “Estados débiles y fallidos”.

FFP, institución educativa y de investigación estadounidense, establece cuatro parámetros que distinguen las características de un Estado fallido:

  1. Incapacidad para suministrar servicios básicos.

  2. La erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.

  3. Pérdida de control del territorio y/o el monopolio de la violencia.

  4. Incapacidad para interactuar con otros Estados, es decir, no se relaciona con la comunidad internacional.

Somalia, desde el año 2011, se encuentra sumida en una de las peores crisis alimentarias registradas en la historia del país. Al menos 3 millones de personas están en riesgo de morir a causa de la desnutrición. Además, el territorio somalí ha sido víctima de ataques y se encuentra ocupado por diferentes grupos yihadistas, como Al Shabab

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El relato histórico, y su poder para plasmar escenas que permiten explicar los hechos del futuro, demuestra que la duplicidad de poderes no es algo nuevo en el mundo. Efectivamente, varios países han vivido esta confusa situación, sin saber muy bien cómo salir de ella. Venezuela no es la primera, y tampoco puede que sea la última nación. Lo que sí está claro es que cada región cuenta con contextos distintos. Cada país articula su libertad y democracia en base a su realidad; y no se puede saber con exactitud cómo finalizará el cuento de Venezuela.

Existen los finales felices, los tristes y los inciertos. Mientras se conjuga el fin -o el inicio- de una coyuntura diferente, solo queda seguir analizando y describiendo este escenario tan peculiar que muchos aún no saben cómo definir, ni vivir.

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